Al cumplirse un año desde la entrada en vigor de la reforma concursal, Lefebvre organiza un nuevo Congreso para hacer balance y analizar su repercusión práctica para los profesionales, empresas, instituciones y operadores jurídicos y económicos que intervienen en los procedimientos de insolvencia y preinsolvencia, junto a los mayores expertos en la materia.
Los planes de reestructuración y su regulación en el Libro II del Texto Refundido se han convertido en una de las reformas más trascendentes y, a la vez, más polémicas de la Ley 16/2022. La experiencia de este primer año ha permitido establecer el alcance de los planes no consensuales, la posibilidad de presentación de planes por los acreedores principales, así como las estrategias para identificar las clases de acreedores, con el objeto de propiciar los arrastres que permitan la homologación de los planes. Todas estas cuestiones se tratarán en la primera mesa, a partir de la experiencia práctica de este primer año de vigencia.
La introducción en la Ley 16/2022 de la figura del experto en reestructuración ha generado gran expectativa entre los profesionales en la gestión de la insolvencia, así como en los principales acreedores, recurrentes en casi todos los procedimientos de reestructuración. El sistema de designa, la retribución y competencias de estos expertos han dado lugar a una casuística interesante que debe evaluarse una vez la reforma ha cumplido su primer año de vigencia.
Las luces y sombras generadas con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, del Libro III del TRLC, destinado a regular los procedimientos de insolvencia y preinsolvencia de pequeñas empresas y empresarios, ha venido rodeada de cierta polémica por las disfunciones observadas en las plataformas telemáticas y en los formularios oficiales habilitados para la tramitación automatizada de estos procedimientos, llamados a gestionar un porcentaje muy elevado de procedimientos concursales. El objetivo de esta mesa es analizar en qué punto se encuentra el uso de las plataformas de gestión de los procedimientos, las ventajas e inconvenientes de un procedimiento tan novedoso como ambicioso que ha planteado serias incertidumbres en los operadores jurídicos y económicos.
La Ley 16/2022 no se contentó con una trasposición mimética de la Directiva UE 2019/1023. El legislador aprovechó la reforma para introducir ajustes importantes en el Texto Refundido de la Ley Concursal, con el objetivo de agilizar los trámites, buscar un procedimiento de gestión de la insolvencia más eficaz, evitando tiempos muertos y trámites innecesarios que ralentizaban los concursos. Esta mesa tiene por objeto analizar la incidencia de las reformas derivadas de la Ley 16/2022 que van más allá del objetivo de la Directiva.
La experiencia concursal de los últimos años ha puesto de manifiesto que muy pocas empresas consiguen superar la situación de insolvencia por medio de un convenio. La mayoría de los concursos concluyen con la liquidación del patrimonio del deudor. En este contexto, la posibilidad de vender en el concurso la empresa en funcionamiento, la unidad productiva, ha generado una práctica interesante en la que se conjuga el interés del concurso con las incertidumbres derivadas de los créditos laborales, de seguridad social y de acreedores con garantías reales. La Ley 16/2022 introduce cambios importantes en el régimen procesal de la venta de unidades productivas, manteniendo la venta agilizada, sin el concurso se acompaña de una oferta vinculante de un tercero, y habilitando la designa de un experto en valoración de empresas y búsqueda de ofertas de compra, incorporando al derecho español la figura del PrePack holandés.
Una de las principales novedades de la Ley 16/2022 ha sido la introducción de cambios importantes tanto en el régimen procesal, como en las condiciones y requisitos para la exoneración del pasivo insatisfecho. El nuevo régimen legal está lejos de solventar las dudas e incertidumbres sobre un procedimiento llamado a regular la situación de miles de pequeños empresarios y particulares. La experiencia de estos meses ha venido acompañada del planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto del trato dado al crédito público, incluso el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. El objetivo de esta mesa es analizar el impacto de la reforma en los procedimientos iniciados o concluidos tras la entrada en vigor de la Ley 16/2022.
PRESENCIAL:
Espacio Bertelsmann
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VIRTUAL:
Plataforma interactiva
